Dinero y partidos: La mezcla más sucia

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Por Miguel Ángel Isidro

“La política es un asunto demasiado serio como para dejarla en manos de los políticos”, dice una frase atribuida al legendario humorista Groucho Marx. Y sin duda alguna, de un tiempo a la fecha, especialmente en México, la política es un concepto que pareciera ir a la baja.

Vayamos por partes. En la semana que termina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho una petición pública a los partidos políticos con registro, en el sentido de renunciar al50% de los recursos que les han sido asignados para el año próximo por concepto de financiamiento público.

El asunto no es menor. De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), en 2020 los partidos políticos estarán recibiendo prerrogativas financieras por un monto poco superior a los 5 mil millones de pesos, en números redondos.

¿Cómo es posible que en México, un país con escandalosos índices de pobreza y desigualdad, el Estado pueda darse el lujo de gastar más de 13 millones de pesos diarios en financiamiento a partidos, en un año que no es de elecciones concurrentes?

¿Se imagina lo que ese dinero podría representar en inversión pública, financiamiento a proyectos productivos, inversión en educación, servicios públicos, salud u obras de infraestructura?

Seguramente pocas empresas en México podrían presumir de manejar semejante cantidad de recursos en inversiones durante un año fiscal.

Pero efectivamente, ese mundo de dinero -porque en efecto lo es- está presupuestado para terminar en las arcas de nuestros desprestigiados y poco transparentes partidos políticos.

Claro que para que México hubiese llegado a estos niveles no es gratuito. El sistema electoral mexicano ha sido producto de profundas transformaciones en las últimas tres décadas. Y todo ello, producto de la enorme desconfianza de los ciudadanos en su sistema electoral.

En el imaginario colectivo, a pesar de los años y recursos invertidos, las elecciones son algo turbio. A México le ha costado sangre, miles de horas de debates legislativos y miles de millones de pesos lograr contar con un sistema electoral moderno y confiable. La cantidad de controles y medidas de seguridad establecidas para el registro de votantes, la emisión de votos y el conteo de sufragios haría palidecer de envidia a las democracias más avanzadas del mundo. Aún así, en cada proceso siempre persiste la sospecha de algún tipo de fraude o manipulación.

Sin embargo, la peor parte del complejo sistema electoral, en mi opinión, no está en las instituciones y procesos electorales. A pesar de los lloriqueos de los eternos inconformes, el punto más oscuro de este tinglado está en el sistema de partidos.

En México, los partidos políticos son sostenidos con dinero del erario público. Es decir, cada vez que usted paga impuestos -por consumo, por inversión o servicios financieros o producto de su trabajo-, todos estamos destinando dinero a sostener a los partidos. Sea usted militante o no, simpatice con ellos o no, los partidos toman parte de su dinero todo el tiempo.

A nivel mundial están reconocidos tres tipos de financiamiento para los partidos políticos: el público (proveniente del erario), el privado (vía donaciones o colectas) y el mixto. En México opera el tercero de ellos, pero en términos reales, los partidos dependen en más de un 80 por ciento del dinero público, y existen diversas restricciones para que el sector privado inyecte dinero a partidos, campañas o candidatos.

En México el sistema electoral es caro y complicado. Con nuestro dinero (no el del gobierno, que quede claro), los mexicanos sostenemos no sólo a las instituciones que organizan las elecciones y vigilan a los partidos, sino también, la totalidad de los gastos de los partidos salen del dinero de los ciudadanos.

La propuesta de López Obrador parece bien intencionada, pero no podemos pasar por alto que ésta proviene de un actor político con intereses creados en torno a partidos y elecciones.

López Obrador ha sido dirigente de dos partidos políticos que han recibido dinero público: el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por ello su propuesta no puede ser considerada imparcial. La última elección presidencial ubicó a Morena como la primera fuerza electoral del país, con una amplia ventaja sobre sus oponentes.

Una parte importante del presupuesto destinado a los partidos en nuestro país es calculado en base a su más reciente votación, de modo tal que, aún con un recorte del 75% en sus prerrogativas -como ya lo ofreció su dirigente nacional , Yeidkol Polenvsky-, Morena terminaría recibiendo más dinero que el resto de los institutos.

Durante los últimos 18 años, López Obrador fue un político que cuestionó severamente la credibilidad del sistema electoral mexicano. Según su narrativa, le han robado dos elecciones presidenciales (2006 y 2012). Aún así accedió a competir en una tercera elección, que obviamente no cuestionó porque obtuvo en ella un triunfo arrollador.

La iniciativa presidencial para quitar dinero a los partidos, y su persistente crítica a los organismos autónomos (entre ellos el INE), podría implicar el inicio de una dinámica perversa. Así como ha cuestionado el gasto en guarderías, apoyos a la ciencia o a instituciones como el Conacyt o el CONEVAL, su actual ofensiva contra el financiamiento a partidos puede derivar, intencionadamente o no, en un fortalecimiento del poder presidencial. El propio AMLO lo ha dicho: si el Presidente es honesto, eso es suficiente para que el sistema cambie. El problema es que sobre la marcha, con la justificación de la supuesta lucha contra la corrupción y la “austeridad republicana”, se estarían desactivando instituciones que, para bien o para mal, garantizan la gobernabilidad y el equilibrio entre poderes, y mantienen el andamiaje del pacto federal.

En términos estrictos de justicia, los mexicanos no deberíamos destinar un solo peso al sostenimiento de los partidos políticos. Algunos argumentan, como es el caso del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, que eso implicaría el riesgo de que los partidos buscarían de una u otra manera allegarse recursos, y que con ello, el dinero “sucio”(del crimen organizado o de la corrupción) podría entrar al sistema electoral.

Seamos claros: aún con todos los controles, se han documentado casos de desvíos de recursos públicos a campañas, financiamiento privado ilegal e incluso, de candidatos impuestos o financiados por las mafias criminales. Lo que México requiere es que el Estado (no sólo el Presidente, sino los tres poderes), dejen de pensar en sus propios intereses y actúen conforme a Derecho, aplicando la ley sin sesgos ni cortapisas.

Creo que a muchos mexicanos nos gustaría que, como ocurre en las democracias más avanzadas, el dinero destinado al sistema electoral sea invertido en más vigilancia a los partidos y elecciones, y que al igual que lo hacemos los particulares cotidianamente, los partidos busquen los medios legales para hacerse de dinero.

En otros países, los partidos y sus dirigentes operan sin dinero público ; son financiados por sus simpatizantes y pueden colectar dinero por la vía del convencimiento a sus donantes. México no está como para seguir sosteniendo franquicias electorales de las que disponen sin control una minoría de políticos vividores.

Señor López Obrador: vaya más allá. Cero dinero público a partidos. Incluido el suyo propio. Fortalezcamos la vigilancia y reforcemos las instituciones que garanticen la aplicación de la ley.

La norma obliga, pero el ejemplo arrastra.

Este asunto da para mucho más.

Y de hecho el reto principal en este sexenio en materia electoral está en la cancha de AMLO. ¿Podrá eludir la tentación de influir en las elecciones intermedias de 2021, y posteriormente, en su propia sucesión?

Veremos y comentaremos.

Twitter: @miguelisidro

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